"168 millones" por Roberto Moreno

Los centros educativos deben abrir.

Hace unos días la sede de las Naciones Unidas sirvió de marco para una insólita manifestación.  En el emblemático sitio se colocaron 168 escritorios vacíos, sin sus ocupantes, solamente con el mismo número de mochilas abandonadas. La protesta simbolizó a 168 millones de niños y jóvenes del mundo que llevan un año sin ir a la escuela, pues los centros en donde estudian están cerrados debido a los confinamientos impuestos por COVID-19. De ellos, unos 98 millones viven en América Latina. Mientras otros sectores ya abrieron y los padres de familia han debido retornar a sus labores, sus hijos permanecen en casa, fuera de las aulas, sin un acompañamiento apropiado. Esto provoca inmensa presión sobre las familias.

Países como el nuestro tienen un extraordinario bono demográfico. La juventud de su población puede contribuir enormemente al crecimiento económico y progreso social. Para lograrlo, los centros educativos deben cumplir con su cometido, propiciando los aprendizajes, el desarrollo de competencias y la esperada movilidad social. Sin embargo, por el contrario, una mala educación puede convertirse en un tremendo lastre, que, en vez de hacernos despegar, puede perpetuar y profundizar las marcadas brechas y desigualdades de cobertura y calidad existentes. En este sentido, debemos cuestionarnos si continuar con el cierre de escuelas y colegios abonará al desarrollo o si solamente acentuará los males existentes. 

Ya llevamos un año con millones de niños sin recibir clases. Cientos de miles aprobaron el grado por promoción automática. ¿Hasta cuándo es esto sostenible? El cierre de los centros educativos puede tener un impacto devastador en el aprendizaje y en el bienestar de los menores.  La socialización y la interacción en las aulas dan vida y contenido a la formación integral de los futuros ciudadanos. Además, muchísimos estudiantes no tienen acceso o herramientas para una adecuada educación a distancia, lo que les condena irreversiblemente al rezago, corriendo el riesgo de que abandonen definitivamente el sistema educativo. Consecuentemente, no debemos esperar más tiempo. Muchos han hecho un llamado urgente a priorizar a las escuelas y colegios en los planes de apertura.  

Es claro que las autoridades de Gobierno son responsables de asegurar la salud de los habitantes. Eso ha derivado en esquemas y semáforos para la reapertura de centros educativos durante la pandemia.  Debemos aplaudir todos los esfuerzos de vigilancia epidemiológica y exigir la puesta en marcha de aforos y protocolos de bioseguridad, higiene y salud para proteger a los miembros de las comunidades educativas. Sin embargo, esto no debe inmovilizarnos.  También debe garantizarse el derecho a la educación. Es urgente que, si el semáforo está en naranja o amarillo, se permita que las escuelas y colegios abran sus puertas de inmediato, al menos en modalidades híbridas. 

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América -CDC-, entre otros especialistas, se han sumado a este llamado. No hay evidencia empírica que muestre que el cierre de los establecimientos educativos incida favorablemente en la contención de la pandemia. Tampoco se ha encontrado que la apertura de los mismos haya resultado en más casos de contagio.  Por ello, poniendo en la balanza los riesgos de abrir contra las enormes secuelas que traería en la formación de niños y jóvenes mantener cerradas los centros educativos, la decisión es evidente. No queda mejor alternativa que abrir. 

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