REDUCA EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
REDUCA La Red Latinoamericana de la Sociedad Civil por la Educación, constituida por organizaciones de15 países, participará en la VIII Cumbre de Las Américas en Lima, a través de la coalición 21, en el Foro de la Sociedad Civil, con la intención de compartir con actores sociales y políticos las medidas que considera necesarias implementar para que los niños, niñas y jóvenes ejerzan en plenitud su derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en cada uno de nuestros países y en toda la región.
Como hemos mencionado en anteriores cumbres, valoramos positivamente que la OEA reconozca la necesidad de que la sociedad civil sea un interlocutor calificado en el mecanismo de las Cumbres de las Américas. Sin embargo, se hace prioritario insistir en mayor tiempo de interlocución y en mecanismos de consulta continua y fluida en lo nacional y regional a efectos de lograr impactos sostenidos y perdurables en las causas que promueve la sociedad civil.
Nos Urge Garantizar el Derecho a una Educación de Calidad. América Latina es la región más desigual del mundo. Las políticas de educación vigentes reproducen el ciclo de la desigualdad, impidiendo que los más vulnerables tengan acceso a medios para la movilidad económica y social. La firma de tratados por la calidad de la educación no ha bastado para avanzar en el tema. El aumento en el gasto público no ha llevado a la mejora de la calidad.
Urge avanzar hacia una educación pertinente y de calidad con un fortalecimiento de la carrera docente como profesión y mayor autonomía por parte de los equipos directivos, sin dejar de lado las necesidades que aún persisten en acceso, cobertura e inclusión especialmente en niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, a poblaciones inmigrantes, a afrodescendientes, a indígenas, de contexto rural, o en zonas de conflicto armado, cuando no tienen acceso al sistema educativo o no logran los aprendizajes esperados.
Los mínimos: Acceso, Cobertura y Equidad. En América Latina y el Caribe existen aún más de 43 millones de latinoamericanos de entre 15 y 29 años de edad –el 31% de la población juvenil de la región– no han completado la escuela secundaria y no están inscritos para continuarla. Se estima que tan sólo entre un 20% y un 30% de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en América Latina asiste a la escuela y que la mayoría de ellos no termina la secundaria. Mientras que el 80% de los estudiantes con mayores recursos económicos se gradúan en América Latina, tan solo el 30% de los jóvenes con menores recursos logran alcanzar el mismo nivel. Cerca de la mitad de la juventud en zonas rurales no completa 9 años de enseñanza y más del 40% de los jóvenes indígenas con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años no asisten a la escuela. (Graduate XXII, 2016)
Hacemos un llamado a los gobiernos a contar con políticas, programas y estrategias desde los gobiernos basadas en información confiable, rigurosa y decantada en espacios de reflexión participativa con actores del sector y teniendo en cuenta el contexto. Si la región quiere cumplir con las metas planteadas por los ODS para 2030 es necesario enfatizar el tema de la equidad prestando atención al acceso, permanencia, pertinencia y aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes, desde la primera infancia y durante toda la vida. Esto implica garantizar que quienes están en situación de desventaja tengan más y mejores oportunidades. Es esencial que la propia definición de garantía del derecho a la educación vaya más allá de la cobertura y se centre en los aprendizajes de los estudiantes y su formación integral. El objetivo es que la educación que reciban les permita desenvolverse en su vida personal y profesional, logren desarrollarse como individuos plenos, ciudadanos democráticos y responsables con el cuidado propio, de los otros y del ambiente.
Mejores Condiciones y Ambientes Dignos para el Aprendizaje. Los espacios de aprendizaje en las escuelas a las que asisten los niños y jóvenes latinoamericanos son inadecuados y están distribuidas desigualmente, desfavoreciendo a los más pobres y a los estudiantes en escuelas rurales. Casi el 60% de los estudiantes asisten a escuelas con un nivel insuficiente de agua y saneamiento. Mientras el 82% de los más ricos van a escuelas con agua y saneamiento adecuados, solamente uno de cada tres de los más pobres lo hace.
Es imperante contar con infraestructura necesaria, segura, en condiciones dignas, acorde con su contexto y de fácil acceso por parte de los estudiantes. Debe ser un lugar por excelencia para el ejercicio y aprendizaje de la ciudadanía y la convivencia, punto de encuentro de una comunidad que participa activamente, gestor de transformaciones hacia sociedades más justas, equitativas y sostenibles.
Los Que Van a la Escuela no Aprenden lo Necesario. “Escolarización no es lo mismo que aprendizaje”(Banco Mundial, 2018). Los estudiantes de América Latina y el Caribe tienen más de un año de retraso con respecto a lo esperado y en relaciónal nivel de desarrollo económico de la región. Solamente el 30% de los niños en tercer y cuarto grado en América Latina y el Caribe alcanzan el criterio mínimo de competencias matemáticas, en tanto lo logra el 66% en naciones con similar nivel de desarrollo, y el 93% en países desarrollados (BID, 2017). En resultados de pruebas de aprendizaje como PISA, el promedio latinoamericanos es de 394 frente a 500 del promedio de la OCDE. Con estos resultados y a este ritmo, según el último informe del Banco Mundial (2018) solo a Brasil le costaría más de 260 años llegar al promedio de la OCDE en lectura.
Si bien existen muchos factores que determinan el aprendizaje, el rol del docente y directivo es fundamental. Es el acompañamiento a la práctica docente, lo que sumado a una mejor formación inicial y en servicio, mejores condiciones laborales y apoyo pedagógico redunda notoriamente en los aprendizajes de los estudiantes y en la calidad educativa.
Inversión y gasto en educación: Más y de manera Más Responsable. Para lograr avanzar en los retos anteriormente planteados, es necesario no solo contar con políticas de Estado que trasciendan gobiernos y apunten a la real garantía del derecho a aprender, sino que requieren también acciones mancomunadas e inversiones de calidad en el marco de sistemas transparentes que permitan poner el acelerador a la educación en la región latinoamericana.
Un gasto de calidad implica considerar aspectos como relevancia (fundamentado en el derecho a aprender), pertinencia(buscando ser coherentes con las políticas y planes establecidos), eficacia (ejecutando de manera oportuna), eficiencia(considerando la relación costo-beneficio de los bienes y servicios que el Estado adquiere), transparencia (contando con sistemas de seguimiento y monitores, siendo claro en la información que proporciona y rindiendo cuentas a la ciudadanía), equidad (Promoviendo igualdad de oportunidades), sostenibilidad (que los compromisos financieros no pongan en riesgo el derecho a aprender de futuras generaciones), Es esencial definir objetivos de acuerdo al contexto de cada país: establecer metas claras de qué tipo de ciudadano se quiere y qué se espera en términos de competencias básicas socioemocionales que responden a los retos locales y globales.
La corrupción que pone en riesgo la educación, el bienestar y la vida. La corrupción es considerada como el problema más importante de nuestras sociedades en la actualidad. Los Estados, como garantes deeste derecho fundamental, deben velar por garantizar presupuestos en el sector que no estén permeados por procesos de corrupción, despilfarro e ineficiencia. El gasto es el principal instrumento de política pública en un Estado democrático[1] y su inadecuado manejo pone en riesgo el propio desarrollode una nación y por demás el de los niños, niñas y jóvenes que, en casos extremos han perdido la vida por falta de atención, alimentación escolar, condiciones de seguridad entre otros.
Es urgente, no solo incluir las 7 dimensiones mencionadas anteriormente en las políticas públicas educativas sino también: Asignar mejor los recursos para la garantía del derecho a la educación, esto implica entre otras cosas, fortalecer la institucionalidad y la gobernanza en pro de la garantía del derecho a prender. Además de mejorar la utilización de recursos hacia la calidad de los aprendizajes. El destino de los recursos reportados por los gobiernos latinoamericanos ha sido principalmente en cubrir componentes básicos de nómina docente, gastos administrativos, contratación de prestación de servicio.
Responsabilidad compartida, seguimiento y control ciudadano. Al Estado le corresponde asegurar la universalidad de la educación de calidad como derecho humano fundamental y constitucional. Les corresponde a las autoridades mantener su dirección, con el seguimiento y control social de la sociedad civil a quienes representan y a quienes deben rendir cuentas con total transparencia.
Por ello, los ciudadanos deben participar activamente en la evaluación, seguimiento y diseño de las políticas educativas, de manera que sean verdaderas políticas de Estado, siendo su responsabilidad de convocar espacios realmente participativos que recoja y articule las voces de todos.
Sobre los gobiernos entrantes. Estamos convencidos que 2018, año en que 6 países de América Latina tendrán cambios de gobierno, la educación debe ser tema central en las agendas de gobierno y, al mismo tiempo, estos deben construir rutas estratégicas y sistémicas para que respondan adecuadamente a los retos de disminución de brechas e inequidades en aras de avanzar en el desarrollo social y económico de cada país y de la región, sin importar el corte ideológico de quienes ocupen los puestos de elección popular. Es necesario dar continuidad en las políticas públicas que han evidenciado resultados positivos y promover la articulación entre las instancias rectoras con evaluación permanente de las políticas y de cara a la sociedad en procesos trasparentes de rendición de cuentas.
Garantizar el derecho a aprender garantiza a su vez, el desarrollo y garantía de otros derechos cuyo ejercicio se evidencia en el mejoramiento en áreas tan fundamentales para los países como la seguridad, salud, economía, etc. Sin educación, los demás derechos fundamentales se verán siempre claramente vulnerados.
De los compromisos de la Cumbre. Invitamos a los actores sociales y políticos a establecer estrategias de divulgación de los compromisos de la Cumbre y de los mecanismos de seguimiento y monitoreo con hitos de logro, así como a Fijar un calendario, para cada nación, de presentación pública de los acuerdos de la Cumbre en Educación, y de revisiones de sus posteriores avances en el cumplimiento de los mandatos. A Establecer metas regionales y nacionales de tres años, a revisar en la siguiente Cumbre que tengan en cuenta lo propuesto en este posicionamiento.
Como REDUCA, estamos comprometidos a dar seguimiento, a aportar al cumplimiento no solo de los mandatos de los acuerdos de esta y las cumbres anteriores, sino también a lo dispuesto en tratados internacionales, como ODS y compromisos de reuniones de ministros que promueven a garantizar el derecho a aprender en condiciones dignas de todos los niños, niñas y jóvenes de la región.
REDUCA representa 15 organizaciones de la sociedad civil que en cada uno de sus países, eleva la voz de los niños, niñas y jóvenes y promueve la articulación de los sectores: académico, social, gubernamental y laboral, para garantizar una educación integral pertinente para el sigloXXI.
http://www.reduca-al.net/noticias/reduca-en-la-viii-cumbre-de-las--1501
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