La educación privada en América Latina y el Caribe en cuidados intensivos - BID
La crisis del COVID-19 está golpeando fuerte a las familias y a los sistemas educativos de la región. Pero, además, está golpeando de una manera particular a los colegios privados y a toda su comunidad. Muchas familias han perdido sus ingresos y no han podido continuar pagando las cuotas/pensiones mensuales escolares. Otras, por su parte, tienen la sensación que la educación a distancia que hoy reciben sus hijos(as) no es de la misma calidad que la educación presencial y se niegan a pagar las cuotas completas. Otras familias, especialmente en aquellas con niños en edad preescolar, los padres han decidido retirarlos de la entidad educativa por completo, ya que no le ven mayor utilidad a continuar con un servicio que consideran no tan necesario o que sienten que no están recibiendo efectivamente.
Esto representa un desafío importante para las políticas públicas de la región, y en particular, para los sistemas educativos. Un desafío que va más allá de la discusión de si la educación privada es de mejor calidad o no que la pública (la evidencia es mixta cuando se controla por variables como el nivel socioeconómico de las familias) o de si se trata de un servicio que solo debe prestarse desde la esfera pública por ser, a su vez, un derecho. Porque al final de cuentas, independiente de que ideológica o políticamente se esté a favor de una provisión educativa del sector privado, la pregunta que los hacedores de políticas deberán plantearse es: “¿cómo garantizamos que niños, niñas y adolescentes cuenten con una educación de calidad?”.
Esta pregunta es más relevante en países donde el sector privado es un importante proveedor educativo. Por ejemplo, en Perú, 2,1 millones de estudiantes asisten a una escuela privada, y en la capital, Lima, el 52% de los estudiantes están matriculados en una escuela pública. La mayoría de las instituciones privadas son pequeñas, de menos de 100 estudiantes y de bajo costo, cobrando una pensión mensual de menos de 200 soles (58 dólares). Gran parte de estos estudiantes provienen de familias de ingresos medios, pero alrededor de un tercio provienen de familias vulnerables, que hacen un esfuerzo enorme por destinar recursos propios a lo que ellos consideran que es una educación de calidad.
Lamentablemente, producto de la crisis se espera que muchos estudiantes migren desde el sector privado al público y esta situación podría implicar la quiebra de muchas instituciones educativas privadas. Según el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, Edgardo Palomino, la mayoría de los padres no han pagado las pensiones de marzo y abril.
Frente a esta situación, los gobiernos deberán actuar garantizando que ningún niño, niña o adolescente se quede sin educación. Para ello, hay un abanico de opciones que pueden ser evaluadas por los formuladores de políticas y que implica decidir cómo el Estado se relaciona con la educación privada. Una opción sería ‘’absorber’’ en el sector público a los estudiantes que no pueden continuar en el sector privado. Esto, por ahora, es lo que está haciendo Perú al facilitar el traslado de estudiantes del sector privado al público a través de una plataforma webque en los primeros 5 días registró 69 mil solicitudes de cambio, llegando a 110 mil solicitudes en dos semanas. Esta estrategia es efectiva si el número de estudiantes trasladados está dentro de lo que las escuelas públicas pueden recibir y si hay una oferta pública disponible en los lugares donde viven estos estudiantes. De lo contrario, los gobiernos deberán ampliar su cobertura y el acceso, con las implicancias que esto puede tener en el gasto público y en la carga de gestión.
Otra alternativa para los gobiernos sería subsidiar a las escuelas privadas, introduciendo una especie de voucher, como lo ha hecho Chile por varias décadas, o proveyendo ciertos insumos, como lo hace Argentina pagando los salarios de los docentes en algunas escuelas privadas Esto implicaría que el Estado reconozca a los privados como colaboradores en la provisión del servicio educativo como un bien público y estos acepten regirse bajo las reglas que impone el ente rector (Ministerio de Educación). Una vez que el Estado decide optar por esta vía, deberá discutir el monto del voucher, las condiciones mínimas para recibirlo (ej. estándares de calidad, transparencia) y las condiciones para mantenerlo, todo esto con el fin de evitar las consecuencias negativas que podría implicar la introducción de un mecanismo de subsidio sin contar con un sistema que garantice transparencia y equidad. Por ejemplo, la expansión de escuelas privadas subsidiadas de baja calidad.
Está situación no es particular a Perú, muchos sistemas educativos se ven enfrentados a los mismos desafíos, debido a la gran participación del sector privado en algunos países de América Latina y el Caribe (ALC). Por ejemplo, en Haití el porcentaje es enorme, un 85% de las escuelas son privadas, en Bogotá el 72%, en Guayaquil este porcentaje llega al 52%, en la Ciudad de Buenos Aires el 50%, y en Guatemala 8 de cada 10 estudiantes de secundaria están matriculados en una institución privada. En este contexto, serán muchos los gobiernos que tendrán que tomar decisiones con implicaciones de largo plazo en temas educativos, de financiamiento, y de regulación.
Se corre el peligro de abordar el tema en forma simplista, de asumir que un cupo en el sector privado equivale de inmediato a un nuevo cupo en el sector público, y aun cuando este se pueda generar, los traslados no son fáciles, después de todo por algo estas familias habían elegido una escuela privada, pagando por un servicio que podrían recibir de manera gratuita. Cualesquiera sean las decisiones que los gobiernos tomen, por el bien de esos millones de estudiantes de LAC que asisten a una escuela privada, es mejor tomar acciones que no hacerlo.
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